Un visitante de altos vuelos, el papa

Benedicto XVI llegará a España el próximo 6 de noviembre para una estancia de poco más de 24 horas en Santiago de Compostela y Barcelona y ya se ha empezado a hablar de lo que a España le cuesta el viaje. Sea por la crisis económica, sea por emulación del debate desatado en septiembre en su último viaje a Reino Unido o también como consecuencia de los datos que emergen del ‘caso Gürtel’ en relación con la organización de su visita a Valencia del 8 y 9 de julio de 2006. Se ha sabido, según la investigación, que solo los contratos de Canal 9 costaron 14,7 millones de euros y el presupuesto fue inflado por una trama que hizo negocio con la escala de Ratzinger. De todo ello, junto a las legítimas opiniones de sectores críticos con la Iglesia, nace un repentino interés por saber exactamente cómo es el asunto del dinero cuando el Papa hace un viaje.

En realidad el Vaticano es ajeno a todo el tráfago de dinero que supone organizar la logística de una visita papal. El Pontífice, ya desde que empezaron los desplazamientos de Roma en la era moderna con Pablo VI, siempre se mueve porque alguien le invita. Nunca va a un sitio porque quiere él. Por tanto, el anfitrión corre con los gastos. No obstante, algunas veces la Santa Sede ha colaborado en la financiación cuando se trataba de países pobres, como en varios viajes a África. Y en otras muchas ocasiones, al contrario, el debate ni siquiera se planteaba porque se anhelaba la llegada del pontífice. A veces por devoción -en Polonia nadie jamás planteó el tema con Juan Pablo II-, prestigio -para muchos países olvidados o en vías de desarrollo era un honor y una ocasión de ser centro de atención del mundo- o mero interés político -como ocurrió en el Chile de Pinochet o la Cuba de Castro-. En este último caso, como en muchos otros, se considera una inversión.

El presupuesto se suele repartir entre las diócesis locales implicadas en la visita y la administración pública, en los distintos niveles involucrados en la organización. El Estado, o el gobierno regional y local, corren con los gastos logísticos. Cosas como los miles de agentes de Policía y sus horas extras, alquilar y montar los kilómetros de vallas de los itinerarios, el dispositivo sanitario especial, los transportes de las delegaciones, los centros de prensa… Es decir, lo que se haría con cualquier jefe de Estado o lo mismo que se hace con, por ejemplo, el presidente del Gobierno español cuando viaja a otro país. No se le pasa luego la cuenta. La Iglesia local se encarga de lo más estrictamente religioso, como los altares y los lugares de las misas, las comidas con prelados o los regalos. Para ello cuenta con sus fondos, los donativos de los fieles y, a veces, con patrocinadores privados.

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