Batalla eclesiástica por el control de la universidad católica de Murcia

La Diócesis de Cartagena vive una guerra soterrada entre el polémico obispo, Juan Antonio Reig Plà, y el presidente vitalicio de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, que es también consultor del Vaticano para la Familia por designación del Papa Benedicto XVI. El motivo de la disputa es la titularidad de la UCAM murciana, un centro universitario de unos 3.000 alumnos y dos campus fundado en 1996 a nombre de la Iglesia, tal y como constaba en los anteriores estatutos de esta institución, que fueron modificados por el empresario murciano el pasado 9 de noviembre para pasar a controlar todos los resortes de la universidad.

En esta batalla está en juego no sólo quién es el dueño de la UCAM, sino también quién es el propietario de los terrenos, la mayor parte cedidos por el Ayuntamiento de Murcia, y otros vendidos en Cartagena durante el Gobierno del PP por el Ministerio de Defensa que entonces encabezaba Federico Trillo, cartagenero y miembro del Opus Dei. Sólo el campus de Cartagena estaría valorado en unos 25 millones.

La aprobación de los nuevos estatutos de la universidad realizada por el Ejecutivo murciano y publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el 13 de noviembre pasado, aparta del poder al obispo en beneficio del empresario Mendoza. De esta forma, el decreto por el que se aprobó la creación de una universidad en 1996, que especificaba que la titularidad de la misma era de la Iglesia, deja de tener validez, ya que ahora la dueña es la Fundación Universitaria San Antonio, creada por Mendoza, de la que es administrador vitalicio. En esta fundación, tras modificar los estatutos, el obispo pierde poder, teniendo como único cometido el apartado espiritual.

Pero el obispo no se ha quedado parado y ha movido ficha en su particular partida por la propiedad de la universidad. Así, Reig Plá ha trasladado la disputa a los Dicasterios del Vaticano (Tribunales de Roma), para que devuelvan la titularidad a la Iglesia, en detrimento del empresario Mendoza, muy bien relacionado con la jerarquía eclesiástica. Precisamente, el presidente de la UCAM fue unos de los artífices de la visita del papa Benedicto XVI a Caravaca de la Cruz con motivo del año jubilar de 2002, cuando todavía era cardenal. Reig Plà también ha recurrido al Gobierno murciano y a la propia Justicia. De hecho, hace unos días, el responsable de la Diócesis de Cartagena presentó un recurso notarial para conocer las cuentas de la UCAM.

Lo que el obispo pretende saber no es sólo quién es el propietario de la universidad sino, lo que es más interesante, conocer a quién pertenecen los solares en los que se construyó la universidad en Murcia, que están siendo ampliados tras ceder el Ayuntamiento de Murcia una zona aledaña, y los terrenos de Cartagena, vendidos por el Gobierno del PP en 2003. El Registro de la Propiedad es claro al respecto: nueve décimas partes del terreno vendido en subasta por el ministro Trillo por 3,8 millones de euros son de la empresa Centro de Estudios San Antonio, SL, a nombre de Mendoza y su familia. El resto, una décima parte, es de la propia Fundación cuya propiedad está en litigio, aunque Mendoza lleva ventaja sobre Reig Plà.

El portavoz del PSOE murciano, José Ramón Jara, asegura que la operación urbanística que rodea al campus “esconde un claro interés lucrativo” por parte de una empresa privada de los hermanos Mendoza, ya que “las propiedades que la Fundación San Antonio tiene en Cartagena son, en realidad, de una empresa privada de José Luis Mendoza”.

Jara sostuvo que la “argucia legal” para la venta directa desde el Ministerio de Defensa a Mendoza fue el hecho de haber salido previamente dos veces a subasta, quedando ésta desierta. “Bien es cierto que pudo haber irregularidades administrativas, puesto que las dos subastas no fueron iguales: en la primera se subastaron sólo 47.813 metros cuadrados por un importe de unos 2,9 millones de euros, y en la segunda ya los 143.496,76 metros cuadrados por un importe de 3.848.279 euros, obviamente mucho más ventajosa”.

Fuente: ElPais.com

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