Someterse a un aborto supone la excomunión

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, explicó hoy que la pena de “excomunión automática” en relación con el aborto no cae sobre el legislador sino sobre los que realizan el acto o son colaboradores directos.

Martínez Camino hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa habitual tras la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, y al ser preguntado sobre esta cuestión, en relación con el informe de la subcomisión que estudia la reforma de la Ley en el Congreso, dado a conocer ayer.

El portavoz de la CEE ha dicho que no existe un pronunciamiento de los obispos sobre estos trabajos, porque no estamos todavía ante un proyecto de ley, pero, no obstante, agregó, la postura de la Iglesia católica sobre el aborto no ha variado: “es uno de los mayores dramas del siglo XX”.

Camino ha explicado que aunque se vaya a una ley de plazos, no cree que los obispos “maticen” su condena sobre la interrupción voluntaria del embarazo, porque la posición de la Iglesia en todo el mundo es muy sólida al respecto y está asentada en la doctrina de la defensa de la vida que defiende la Iglesia: no existe ninguna causa que justifique el que se pueda quitar la vida a un inocente, como es el no nacido.

Fuente: ElPais.com

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Los obispos deberán pagar 150000 euros a una docente por daños morales

A sentencia por curso escolar, durante ocho años consecutivos. Éste es el vía crucis de Nereida del Pino Díaz Mederos, profesora de religión y moral católicas en el instituto de enseñanza secundaria Jinámar III, de Las Palmas. Hoy dará a conocer el contenido de las sentencias séptima y octava, dictadas a su favor, esta vez con indemnizaciones por daños morales que suman 150.253,03 euros.

En 1999, el Gobierno y el obispado canarios despidieron a Díaz Mederos por participar en una huelga legal de docentes de catolicismo. Recurrió y ganó en todas las instancias. Pero al curso siguiente volvió a ser eliminada de su trabajo. Y también al siguiente, hasta sumar ocho despidos y otras tantas sentencias de los juzgados de lo social.

Estas dos últimas, dictadas por la juez Margarita Fons Carbonell, marcan indemnizaciones crecientes (60.101 euros por el despido de 2007, y 90.151 euros por este curso, más el pago de los salarios dejados de percibir) “por obligar los demandados a la docente a acudir a los juzgados anualmente a obtener lo que por derecho le corresponde”, y por “los daños morales y de imagen causados”.

En la última sentencia la magistrada señala, sin embargo, como único responsable del pago de las indemnizaciones al obispado. “Es quien genera la situación contraria a derecho al proponer a Educación la no contratación de la demandante sin justificación alguna”, afirma. La Confederación Canaria de Trabajadores pedirá hoy la destitución del delegado episcopal de Enseñanza, Hipólito Cabrera, y criticó al Ejecutivo canario por hacer “de monaguillo de los atropellos del citado eclesiástico”.

Fuente: ElPais.com

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Indonesia extradita a tres presuntos pederastas, entre ellos cura australiano

Indonesia extraditará a tres extranjeros acusados de pedofilia, entre ellos un sacerdote católico australiano sospechoso de haber abusado de seis niños en su país. Charles Barnett, de 67 años y quien llevaba doce años en Indonesia, fue detenido el año pasado cerca de la capital y será entregado el viernes a las autoridades australianas. En 1994, se trasladó a vivir a Indonesia huyendo de la justicia en su país, y hasta el último momento suplicó a las autoridades locales que le permitieran quedarse por “razones humanitarias”.

Noticia completa en: adn.es

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Una empresa dependiente del arzobispado de Zaragoza tendrá que indemnizar con 3.400 euros a un ex empleado

Eduardo Herrera trabajó durante nueve meses en SEAS, el centro de estudios a distancia de la Fundación San Valero, una prestigiosa empresa de docencia vinculada al arzobispado de Zaragoza que, a pesar de su buena fama entre sus alumnos, tiene condiciones penosas para sus trabajadores. El ex empleado llevó a juicio a la sociedad el pasado mes de octubre, denunciando unas condiciones laborales penosas, y al fin, después de que la vista quedase aplazada, ha visto restituida la violación que se hizo de sus derechos.

Indemnización de 3.000 euros
Fuentes consultadas por El Plural indicaron que la fundación tendrá que pagar 3.000 euros a su ex empleado, pese a que la juez que llevaba el caso no llegó a dictar sentencia, al no recibir por parte de los demandados ninguna explicación sobre el tipo de contrato y otras irregularidades demandadas. Como ya informó este periódico, se denunciaba que los trabajadores tienen que destinar de su salario bruto a fines desconocidos, además del 33 por ciento correspondiente a la Seguridad Social, otro porcentaje que mengua su salario bruto hasta casi el 50 por ciento, aunque no se especifica a qué está destinado.

Pago de los costes de empresa
A los trabajadores tampoco se les garantiza un salario mínimo y sus nóminas llegan a quedar por debajo de los 100 euros debido a que la compañía católica les obliga a asumir los “costes de empresa”, es decir, los costes a priori del proceso de matriculación, dejando que los empleados pierdan dinero si finalmente los alumnos no ingresan en el centro o abandonan un curso.

Nerviosismo de la empresa
Según las fuentes consultadas, la juez se mostró estupefacta ante esta modalidad de contrato, e instó a la empresa a indemnizar al ex trabajador en vista de que ni su abogada ni los testigos llamados lograron explicar las circunstancias demandadas. Dichas fuentes subrayaron además el clima de nerviosismo y tensión mostrado por los miembros de la empresa presentes en el juicio, que tras “gritar e increpar” al demandante, optaron por aceptar la imposición de la indemnización y pedir que el asunto no llegara más lejos.

Otros asuntos turbios del arzobispado
El arzobispado de Zaragoza se ha visto envuelto en más asuntos controvertidos relacionados con la educación. Recientemente El Plural publicó las críticas de Diego Galar, ex adjunto al rector de la Universidad San Jorge, también dependiente del arzobispado, que acusaba a la institución eclesial de ofrecerle 200.000 euros para que no la lleve a juicio acusándola de despido nulo con vulneración de derechos fundamentales. El arzobispo, Manuel Ureña, que se baraja como posible sustituto de Antonio Cañizares al frente del arzobispado de Toledo, no quiso confirmar ni desmentir estas acusaciones.

Fuente: ElPlural.com

Bajo licencia Creative Commons

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Secta religiosa lavó el cerebro a los 126 niños

Luego de la primera valoración psicológica y física practicada a los 126 niños que rescató la procuraduría capitalina de la casa-hogar Casitas del Sur (México), se ha logrado determinar que fueron sometidos a varias terapias religiosas, por lo que presentan cuadros de ansiedad y depresión, ante la amenaza que Dios los pueda castigar afuera del albergue.

Con base en los resultados preliminares de las evaluaciones médicas y peritajes en materia de psicología, también se estableció que los niños presentaban síntomas de deshidratación, y en algunos casos desnutrición, pero ninguno de ellos tiene rasgos o síntomas de haber sido abusado sexualmente.

En dichos estudios se establece que los menores fueron víctimas de varias terapias religiosas, donde las amenazas, la venganza y las referencias bíblicas sobre el fin del mundo eran el tema nodal de la doctrina.

Por lo cual, como parte de la terapia de contención psicológica, se recomendará a los padres de familia o tutores que recuperen la custodia de los menores, que tengan la mayor paciencia con ellos y que hagan uso frecuente de la Biblia para que los niños y adultos tengan los mismos —códigos de referencia— y puedan establecer una comunicación eficiente.

Con base en estos dogmas religiosos, se espera lograr una recuperación adecuada, trabajando con los mismos elementos del libro religioso con el que fueron adoctrinados los menores.

“Encontramos en ellos (los niños) una forma obsesiva de ver la religión. Hemos ofrecido el apoyo psicológico (a los padres) porque efectivamente, pues se requiere un soporte emocional para que se vaya caminando en conjunción también con el niño o la niña.

Los papás o los familiares que tengan la tutela tendrán que leer la Biblia con ellos, van a tener que buscar hablar el mismo idioma, para que ya dentro de su mismo idioma se empiece a realizar el trabajo de hacerles entender que la cosa no es así”, detalló la subprocuradora de Atención a Víctimas de la procuraduría, Dilcya Samantha García Espinosa.

Agregó que cuando las autoridades llegaron al albergue el día del operativo, los niños estaban con muchísimo temor y gritaban frases, en las que reflejaban que fuera de ese lugar todo era malo.

“Ellos tenían muchísimo temor que se les sacara de la casa-hogar. Hemos podido establecer en el sentir de los niños, varios temores, sobre todo el miedo a que Dios los dejara de amar por el hecho de tener algún tipo de acción pecaminosa”, explicó la funcionaria capitalina.

Los Niños. Dylcia Samantha aseguró que todos los niños que recuperaron ya fueron identificados y entre ellos se encuentra una de los ocho menores cuyos padres denunciaron su sustracción ilegal.

Se trata de la pequeña Maritza Gómez, de la cual sus padres la reconocieron a través de las fotografías que le presentaron las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por lo que analizarán su situación jurídica para determinar si continúa o no en el albergue o es reintegrada a su seno familiar.

“Ya todos los niños y niñas están identificados con nombre y apellido, ya tenemos una sábana donde está la foto de la niña o niño su nombre y si fue canalizado o no por la procuraduría, y el estatus jurídico de la niña o niño, incluso les hemos sacado huellas, hemos buscado tener el mayor control gráfico posible a efecto de que no se vaya a suscitar alguna sorpresa posterior”, concretó la subprocuradora.

Fuente: LA CRÓNICA DE HOY (México)

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Imágenes pornográficas en el ordenador de la cofradía de Semana Santa

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol abrió una investigación sobre las fotografías pornográficas halladas en el ordenador privado del que hasta hace dos meses era el presidente de la Cofradía de Dolores, Juan José Castro Couto. Las imágenes, supuestamente bajadas de Internet, fueron encontradas por los miembros de la actual directiva. Se encontraban en el ordenador del despacho que Castro Couto mantenía cerrado bajo llave.

Los integrantes de la cofradía religiosa no ocultaron su preocupación. Hace tiempo que se especula sobre los antecedentes de abusos a menores del ex directivo. A los medios de comunicación han comenzado a llegar copias de una sentencia en la que Couto fue condenado por un delito de estas características.

El ex presidente de la cofradía, de 57 años, fue forzado a presentar su renuncia hace unos meses ante el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Su salida de la entidad religiosa no fue ni mucho menos tranquila. Se negó a entregar las llaves de su despacho. Los actuales directivos tuvieron que llamar a un cerrajero. Al entrar en las dependencias, pudieron comprobar que el ordenador estaba repleto de un “contenido no adecuado”. El equipo informático fue entregado esta semana a la Policía Nacional. Ahora, el Juzgado investiga la procedencia de unas imágenes pornográficas que, como mínimo, resultan poco acordes con el espíritu de la agrupación. La Cofradía de Dolores, fundada en 1750, presume de ser la más importante de Ferrol, con casi mil integrantes . Cuenta con la participación de destacados políticos locales, como los populares Juan Juncal o Guillermo Evia. Y es la única que organiza una una procesión diaria durante la Semana Santa.

Ayer, la junta de g obierno anunció la suspensión de forma “cautelar como cofrade” a Couto, a la espera de que la Justicia resuelva un incidente “doloroso”, que no interferirá en la organización normal de las actividades de Semana Santa.

Fuente: Xornal.com de Galicia

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Iglesia castiga a pueblo por no cancelar carnaval

En Calnali (México) la población se encuentra “castigada”, el sacerdote del lugar decidió anular todos los servicios religiosos, luego de que los pobladores se negaran a cancelar los festejos del carnaval.

La desobediencia de los indígenas, tuvo un precio y el clero resolvió cerrar la iglesia de la cabecera municipal.

Calnali es un municipio serrano de Hidalgo, que se localiza a 170 kilómetros de la capital, en ese lugar, la desobediencia de los indígenas, ocasionó el enojo del obispo de Huejutla, Salvador Pérez quien ordenó, al sacerdote Tomás Fernández Vite, negar todo tipo de servicio a la comunidad.

El alcalde del partido Convergencia Wenceslao Revilla Hernández, lamentó esta actitud, “a mí el 27 de enero me hicieron llegar un oficio firmado por el obispo, en él, se pedía mi intervención para que los organizadores del carnaval decidieran que sólo se festejara lunes y martes y no hasta el miércoles como es la costumbre”.

En Calnali, los indígenas celebran ancestralmente el carnaval, los cinco barrios con los que cuenta el municipio se agrupan en “camadas” de danzantes, durante lunes y martes bailan por las calles del lugar y miércoles se reúnen en la cabecera municipal, donde se lleva a cabo la coronación de la reina y un desfile de carros alegóricos.

El clero argumenta que el miércoles es un día de oración y no de danza por lo que exigió que los festejos culminaran el martes 24. La negativa desató el castigo y desde el 3 de febrero, se decidió cancelar los servicios; homilías, comuniones, confesiones e incluso misas para los fallecidos fueron canceladas.

“Pues es lamentable apenas ayer tuvimos dos muertitos que no pudieron ir a la iglesia ya que se encuentra cerrada, no se les hizo su misa, y la gente tuvo que ser llevada de sus domicilios al panteón directamente”, destacó el edil.

Pese a que la población y el presidente municipal, consideran que la actitud de la iglesia católica afecta a los pobladores en su derecho a la creencia y a la misa, señalaron que no pueden hacer nada por solucionarlo, sólo esperar a que les levanten el castigo.

Revilla Hernández, especificó que el cierre de los iglesia es indefinido por lo cual han intentado negociar con el obispo, “hemos platicado, ya les dije que no está en mis manos, que es la tradición y espero que lo entiendan y tal vez para el próximo año se pueda hacer como ellos quieren, mientras esperamos que ya nos levanten el castigo”.

Fuente: EL DEBATE

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