Saturday, April 10, 2010

Resolución sobre difamación de las religiones va en contra de libertad de palabra, dicen miembros de IFEX

Cuarenta miembros de IFEX (Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión) enviaron este mes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) una declaración conjunta coordinada por ARTICLE 19 para protestar por las resoluciones sobre difamación de la religión, y argumentaron que cualquier decisión de combatir la difamación de las religiones contradice el derecho a la libertad de expresión. La acción conjunta instaba además al CDHNU a rechazar cualquier resolución para añadir “normas complementarias” a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD). En lugar de eso, los miembros de IFEX dicen que se deben confirmar las garantías internacionales establecidas de derechos humanos sobre libertad de expresión para enfrentar los desafíos globales de violencia, discriminación y odio por motivos raciales y religiosos.

También se envió una carta conjunta separada coordinada por ARTICLE 19 y el Cairo Institute for Human Rights Studies (Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos, CIHRS), firmada por 47 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas cuatro miembros de IFEX, a los Estados miembro del CDHNU antes de la asamblea de la resolución. La carta argumentaba que las normas internacionales de derechos humanos deberían proteger a personas y grupos contra la discriminación y el acoso debidos a su religión o etnia. Además, los sistemas de creencia no deberían estar blindados contra el debate o la crítica.

Cualquier proyecto de resolución sobre la difamación de las religiones sería contraproducente para sus metas de promover la igualdad y la no discriminación de personas debido a su religión al apoyar prácticas estatales que discriminan contra minorías religiosas, voces que disienten y librepensadores, dice la acción conjunta firmada por los 40 miembros de IFEX. Los esfuerzos para codificar la difamación de las religiones tendrán efectos negativos a largo plazo sobre la libertad de expresión.

Además, las enmiendas a la ICERD son innecesarias, dicen las 47 organizaciones de la sociedad civil. “Lo que se requiere hoy en día es una aplicación adecuada de las normas existentes y la voluntad política de combatir la discriminación y el odio contra personas o grupos debido a su religión”. Los cambios a la ICERD llevarían a un acuerdo internacional vinculante sobre “difamación de las religiones.”

Sin embargo, la ONU adoptó una resolución el 25 de marzo, propuesta por Pakistán a nombre de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC), sobre “combatir la difamación de las religiones”, con el voto a favor de 20 Estados. Esta resolución va además en contra del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que “sólo prohibe la promoción del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la violencia, discriminación y odio”, dice la carta conjunta de los 40 miembros de IFEX.

En un tema afín, el 11 de marzo, ARTICLE 19, Amnistía Internacional, el CIHRS y la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales enviaron un informe al tribunal constitucional indonesio que afirmaba que las leyes del país, que permiten castigar el “abuso o la difamación de las religiones” son contrarios al derecho internacional humanitario. El Código Penal indonesio estipula una sentencia de cárcel de cinco años para cualquiera que exprese públicamente puntos de vista o se dedique a acciones que se consideren “insulto o difamación” de algunas religiones seleccionadas en el país.

El 10 de marzo, Freedom House (Casa de la Libertad) celebró una mesa redonda en Ginebra con defensores de los derechos humanos de Indonesia, Nigeria y Estados Unidos para analizar opciones para combatir la discriminación sin restringir la libertad de palabra. Desde 1999 cada año se han aprobado resoluciones que piden al Gobierno proscribir los discursos considerados ofensivos para algunos creyentes religiosos, informa Freedom House. Las resoluciones no han disminuido los actos de discriminación e intolerancia religiosas, aunque en el debate se ha ignorado a las voces moderadas. Además, las medidas legales para proteger las creencias religiosas contra la crítica son contraproducentes para la meta de promover la tolerancia religiosa.

Fuente: IFEX
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Apuros vaticanos

El Vaticano está en apuros. La férrea estructura jerárquica que con tanta dedicación ha sostenido la Iglesia comienza a resquebrajarse y los prohombres de la púrpura no atinan a unir las junturas. En un libro muy recomendable, ‘Las religiones asesinas’, Elie Barnavi afirma que «cualquier religión legitima jerarquías. Primero existe la distinción primordial entre los hombres y las mujeres. Después, la separación radical entre puros e impuros. Y, por fin, la jerarquía entre los hombres de la religión». Todo ello, con una fuerza irresistible, porque se trata de un orden dictado por Dios.

En las últimas décadas, mientras las sociedades europeas limaban las diferencias y evolucionaban hacia una mayor democracia, apertura e igualdad, la Iglesia católica se encastillaba en sus viejas rutinas. De ahí esa celebración anual en la plaza de Colón de Madrid para reivindicar la vigencia de la familia tradicional, es decir, la jerárquica, aquélla en la que, según Rojas Marcos, «los seres humanos tenemos más probabilidad que en ningún otro lugar de ser maltratados o torturados, física y mentalmente». La apología católica de la jerarquía familiar como puntal de la jerarquía eclesial constituía, pues, la base de su supervivencia en medio de la hostil tolerancia general.

No es casual que cuando la Iglesia se ha sentido acorralada por las denuncias contra sacerdotes pederastas haya puesto en cuestión las jerarquías familiares, articulando por primera vez una respuesta clara contra la violencia de género, por boca del predicador de la Casa Pontificia, Raniero Cantalamessa.

Su denuncia de los horrores de la violencia machista supone un grato punto de inflexión. Por desgracia, el tal Cantalamessa no pudo evitar incluir una mención a la pederastia, e incurrió en el error de equiparar las denuncias contra curas con el antisemitismo. Nada han tardado las asociaciones de judíos en responder airadas, lo que ha obligado al Vaticano a desautorizar a Cantalamessa, de quien ha dicho que hablaba a título personal: ahora no sabemos si su crítica a la violencia en el seno de la familia constituye también, a ojos del Vaticano, una salida extemporánea.

Las contradicciones alcanzan al mismo Benedicto XVI. El Vaticano va a organizar la defensa jurídica del Papa frente a las acusaciones de encubrir a pederastas invocando su inmunidad como jefe de Estado en lugar de encomendarse al Altísimo. Con ello, no sólo nos recuerda que es el último mandatario dictatorial en Europa, sino que además demuestra depositar más confianza en las jerarquías humanas que en el orden divino, tan plácido cuando no estaba en apuros.

Fuente: elcorreo.com