Monday, April 5, 2010

Censuran la publicidad laica en los autobuses urbanos segovianos

Nota de prensa

La Plataforma por una Escuela Pública y Laica de Segovia ha presentado, el pasado día 27 de marzo, un escrito a la Fiscalía del Estado (Segovia) donde solicita a la misma “que actúe de oficio e inicie las diligencias oportunas para depurar las responsabilidades en que se pueda haber incurrido en contra del derecho a la libertad de expresión”, en base a unos hechos, a los que adjuntamos documentos de verificación, que entendemos “son constitutivos de un delito contra la libertad de expresión”.

En el escrito a la Fiscalía exponemos la negativa de la empresa concesionaria del servicio del transporte público urbano a poner publicidad de la Plataforma (“Religión fuera de la Escuela. Plataforma por una Escuela Pública y Laica”) en los autobuses urbanos, argumentando que su contenido era “irrespetuoso” (6/03/09). Exponemos la carta que, ante este “atropello de un derecho fundamental”, nuestra Plataforma dirigió al señor Alcalde (9/03/09) explicándole el caso e instándole “como último responsable del referido servicio municipal de transporte” a revocar “la decisión tomada arbitrariamente por la empresa concesionaria”.

A fecha de hoy el señor Pedro Arahuetes no ha dado contestación alguna a nuestra misiva, aunque sí ha realizado declaraciones a los medios de comunicación (19/03/09) en los que toma nítida posición: “son las concesionarias de servicios públicos las que marcan las pautas”. El Alcalde deja, mejor dicho, quiere dejar, en manos de la empresa concesionaria la decisión.

Decimos “quiere dejar” porque el señor Arahuetes al ser presidente de un poder público, el Ayuntamiento de Segovia, no puede inhibirse en materia de derechos fundamentales, como lo es el de la libertad de expresión, puesto que en atención a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que España ha firmado, y de la misma Constitución del 78 los poderes públicos están obligados a garantizar dichos derechos y libertades. La citada Declaración dice, textualmente, que “los Estados (los ayuntamientos son instituciones del Estado) miembros se han comprometido a asegurar,…, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre”. La Carta Magna, en su artículo 9.2, señala con claridad: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud…”.

El Alcalde, pues, presuntamente ha incurrido en un acto de negligencia administrativa cuando no de prevariación, al resolver injustamente a sabiendas, y supuestamente se hace cómplice del atropello cometido, hecho que en su caso reviste mayor gravedad puesto que precisamente él y el Ayuntamiento que preside deben ser los garantes de dichos derechos democráticos. Además, se conduce cínicamente cuando dice ser “respetuoso con todas las opiniones”.

Cualquier ciudadano, en su sentido más profundo, cualquier organización democrática, tiene no sólo el derecho sino el deber de denunciar y luchar, con los medios a su alcance, contra cualquier vulneración de libertades y derechos democráticos básicos, que tanto esfuerzo y penurias han costado a los pueblos conquistar. Esto es lo que ha movido a la Plataforma por una Escuela Pública y Laica a denunciar esta conculcación de la democracia y a llevarlo hasta la Fiscalía.

Fuente: La Voz de Salamanca

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- Ya circula el bus ateo en Mar del Plata (Argentina)

Censuran la publicidad laica en los autobuses urbanos segovianos

Nota de prensa

La Plataforma por una Escuela Pública y Laica de Segovia ha presentado, el pasado día 27 de marzo, un escrito a la Fiscalía del Estado (Segovia) donde solicita a la misma “que actúe de oficio e inicie las diligencias oportunas para depurar las responsabilidades en que se pueda haber incurrido en contra del derecho a la libertad de expresión”, en base a unos hechos, a los que adjuntamos documentos de verificación, que entendemos “son constitutivos de un delito contra la libertad de expresión”.

En el escrito a la Fiscalía exponemos la negativa de la empresa concesionaria del servicio del transporte público urbano a poner publicidad de la Plataforma (“Religión fuera de la Escuela. Plataforma por una Escuela Pública y Laica”) en los autobuses urbanos, argumentando que su contenido era “irrespetuoso” (6/03/09). Exponemos la carta que, ante este “atropello de un derecho fundamental”, nuestra Plataforma dirigió al señor Alcalde (9/03/09) explicándole el caso e instándole “como último responsable del referido servicio municipal de transporte” a revocar “la decisión tomada arbitrariamente por la empresa concesionaria”.

A fecha de hoy el señor Pedro Arahuetes no ha dado contestación alguna a nuestra misiva, aunque sí ha realizado declaraciones a los medios de comunicación (19/03/09) en los que toma nítida posición: “son las concesionarias de servicios públicos las que marcan las pautas”. El Alcalde deja, mejor dicho, quiere dejar, en manos de la empresa concesionaria la decisión.

Decimos “quiere dejar” porque el señor Arahuetes al ser presidente de un poder público, el Ayuntamiento de Segovia, no puede inhibirse en materia de derechos fundamentales, como lo es el de la libertad de expresión, puesto que en atención a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que España ha firmado, y de la misma Constitución del 78 los poderes públicos están obligados a garantizar dichos derechos y libertades. La citada Declaración dice, textualmente, que “los Estados (los ayuntamientos son instituciones del Estado) miembros se han comprometido a asegurar,…, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre”. La Carta Magna, en su artículo 9.2, señala con claridad: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud…”.

El Alcalde, pues, presuntamente ha incurrido en un acto de negligencia administrativa cuando no de prevariación, al resolver injustamente a sabiendas, y supuestamente se hace cómplice del atropello cometido, hecho que en su caso reviste mayor gravedad puesto que precisamente él y el Ayuntamiento que preside deben ser los garantes de dichos derechos democráticos. Además, se conduce cínicamente cuando dice ser “respetuoso con todas las opiniones”.

Cualquier ciudadano, en su sentido más profundo, cualquier organización democrática, tiene no sólo el derecho sino el deber de denunciar y luchar, con los medios a su alcance, contra cualquier vulneración de libertades y derechos democráticos básicos, que tanto esfuerzo y penurias han costado a los pueblos conquistar. Esto es lo que ha movido a la Plataforma por una Escuela Pública y Laica a denunciar esta conculcación de la democracia y a llevarlo hasta la Fiscalía.

Fuente: La Voz de Salamanca

Denuncian la presencia de autoridades, ejército e himno en las procesiones

España es un Estado aconfesional pero, cada año, las procesiones de Semana Santa se realizan con la presencia de cuerpos del Ejército o de la Policía Nacional, del himno nacional y el apoyo de las autoridades políticas.

Este año no ha sido una excepción y, durante estos días, en diferentes puntos de España se ha podido ver la presencia del Ejército, de la Guardia Civil o de la Policía Nacional participando en actos religiosos como las procesiones de imágenes religiosas, denuncia el Observatorio de la Laicidad en un comunicado.

Los representantes de los Cuerpos de Seguridad del Estado o del Ejército suelen participar porque, previamente, han sido nombrados “hermanos mayores” de una cofradía o hermandad católica.

Sin embargo, aunque las procesiones sean actos religiosos no oficiales, “la presencia de estos funcionarios en tales actos se hace en calidad de tales y uniformados como funcionarios del Estado”, critica esta asociación.

En algunas ocasiones incluso se utiliza el himno nacional para la salida o entrada de dichas procesiones, en contra de lo establecido legalmente en el Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre, que regula el uso del himno nacional.

Y todas estas actuaciones suelen acompañarse de la presencia de distintas autoridades, especialmente locales en tales actos, alcaldes y corporaciones municipales.

El Observatorio de la Laicidad recuerda que toda estas acciones vulneran el principio de neutralidad del Estado y ponen en evidencia una confusión entre el Estado y una creencia particular, en detrimento de otras creencias o convicciones.

“Las personas a título personal pueden y tienen derecho a manifestar sus convicciones sean religiosas o no, pero los funcionarios, las instituciones y las autoridades no pueden, en cuanto tales, apoyar con su presencia una opción particular, sin atentar a la aconfesionalidad del Estado y su neutralidad ante las distintas opciones de conciencia que pueda tener la ciudadanía”.

Sin embargo, con estas actuaciones, “el Estado parece apostar y privilegiar una determinada opción religiosa, olvidando que es la organización política de toda la ciudadanía”, dice el Observatorio.

Para esta asociación, esta situación, además de recordar a actitudes medievales y nacionalcatólicas, pueden confundir a la ciudadanía que, además, sufraga con sus impuestos la presencia de fuertes contingentes del Ejército en estos actos.

Por todo ello, el Observatorio pide que se elimine la participación de los representantes de los Cuerpos de Seguridad del Estado, que éstos no acepten y anulen los nombramientos religiosos como “hermanos mayores” o similares, que se impida el uso del himno nacional en las procesiones y que se regule la presencia de las autoridades y funcionarios que participan en estos actos de manera oficial.

Fuente: Newsletter del Siglo XXI